Es la consecuencia de la entrada en vigor de la nueva Ley para el Control de la Inmigración, y las autoridades niponas lo justifican (seguro que les suena) con la excusa de reforzar la seguridad nacional y luchar contra el terrorismo.
Pero lo más grave es que los datos recolectados así pasan a formar parte de un archivo de investigación criminal, y no parece que tengan intención de borrarlos una vez el turista haya abandonado el país.
Es más, la información obtenida será contrastada con la base de datos de Interpol, el FBI y otros organismos para ver si hay coincidencias de "indeseables". Esto me parece sumamente peligroso, porque ¿quien nos asegura que nuestros datos no van a entrar a formar parte también de los archivos de esos otros organismos?
Desde Amnistía Internacional denuncian que esto va a suponer trato discriminatorio para los extranjeros, que serán tratados a partir de ahora como sospechosos en potencia, nada más poner los pies en el país nipón.
Así que si tienen programado un viaje a Japón vayan preparados para la maquinita.
Via | Público